el aumento de la violencia como consecuencia del inicio del gobierno del presidente Calderón, la migración de las bandas de narcotraficantes a regiones distintas a las habituales y a conductas delictivas que antes no eran de su interés, así como el incremento de las adicciones. El discurso oficial vs. la realidad Felipe Calderón llegó a la Presidencia después de un accidentado proceso postelectoral. La diferencia de votos fue mínima, la actuación del organismo electoral fue desaseada y el Tribunal no convenció con su resolución; por el contrario, sembró dudas sobre la legitimidad del triunfo. Muchos analistas sostienen que la repentina atención al narcotráfico tuvo como razón la búsqueda de la legitimidad en duda; soy de los que sostienen ese argumento. Sin embargo, hay que aclarar que no se trata de justificar las adicciones o dejar en la impunidad a las bandas delictivas. Sencillamente, si vemos los resultados de casi cuatro años de “guerra” y la ruta que ha seguido la misma, descubrimos que el actual Gobierno la usó con fines mediáticos y ahora no sabe como salir de ella. Además, el fenómeno delictivo escaló y se salió de control. Para sostener el argumento: 1) Es evidente que no hubo un diagnóstico del problema. En lo que va de la lucha, poco se habla de los agentes sociales que alientan este tipo de delitos o del efecto que tiene la inseguridad en la caída de la economía, tampoco se previeron los instrumentos jurídicos necesarios para iniciar la famosa “guerra”; por ello, vemos a una autoridad que periódicamente reclama reformas legales que a su juicio son imprescindibles para lograr éxitos y, además, nos damos cuenta que no contamos con un servicio eficiente de inteligencia. Tan no se previó nada, que hoy mismo no hay lugar en las prisiones para los detenidos. México tiene un aproximado de 240 mil reclusos, con una sobre ocupación del 30 por ciento y quedan pendientes de ejecutar unas 250 mil órdenes de aprehensión. Paradójicamente, el Presidente solicita más facilidades para detener a supuestos delincuentes. 2) La de seguridad es una política pública que se arrancó sin fijar metas. El Gobierno desplegó una intensa campaña de comunicación con el mensaje “para que la droga no llegue a tus hijos”, propósito con el que todos, en principio, estamos de acuerdo; sin embargo, hoy muere mucho más gente por la violencia que por las adicciones. En el Plan Nacional de Desarrollo tampoco se incluyeron indicadores de ningún tipo. 3).- No obstante que el Gobierno lo niega, hay una estrategia errónea, poco clara y muy inconsistente, no hay rumbo. La parte nodal de la propuesta de Calderón es el uso del Ejército y el aumento de la fuerza policíaca. Se desdeñó la inteligencia, la investigación y la prevención del delito. El error es evidente, al Presidente y a sus asesores no les pasó por la cabeza que el narcotráfico, en una buena medida, sigue las leyes del mercado. Si continua la demanda, quien surte va a tratar de mantener a toda costa el abasto. Si aumentan los efectivos que tratan de detener el flujo, también se incrementa la plantilla de quienes buscan mantenerlo y eso incluye más tecnología. Si la “banda” creció y su sostenimiento es más gravoso, la lógica impuso buscar nuevas fuentes de financiamiento; por eso, los “narcos” ahora secuestran, controlan bares, yonkes, casinos o piratería. Se optimiza al personal dedicándolo en sus tiempos “muertos” a otras actividades. Pero la pesadilla tiene una segunda parte, si el mercado americano se cae y la producción se mantiene, las leyes de la oferta y la demanda imponen buscar otros lugares para colocar el producto. La opción es el interno, el que ya esta creciendo por efecto de la táctica errónea de dificultar la salida de la droga y no la entrada. Además, el Gobierno es poco consistente en su estrategia, a cuatro años de “hostilidades”, salieron con la idea de unificar policías o con una nueva Ley de Seguridad Nacional que se envió al Congreso. Tampoco hay una estrategia para atender a los huérfanos de la “guerra” -que hoy deben sumar miles- o a los hijos de prisioneros. No se establecieron salidas no punitivas para desmovilizar a quienes sin ser actores principales hoy colaboran en tareas “menores” con la delincuencia. En el país debe haber cientos de miles de halcones, puchadores y distribuidores que no cabrían en las prisiones del país ni dejándolas libres para ellos.


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