México enfrenta un trilema: ¿cómo decuplicar la eficiencia de PEMEX?, ¿eliminar sus conductas anticompetitivas? a la vez que ¿las rentas del petróleo continúan siendo de la Nación? La respuesta deslumbra por lo simple, aunque la rancia sabiduría política niega la posibilidad: que las filiales de transformación industrial de PEMEX (REFINACIÓN, PETROQUÍMICA y GAS y PETROQUÍMICA BASICA) enfrenten competencia directa en todas sus actividades.

Actualmente, PEMEX emplea un poco menos de 145,000 personas de las cuales 11,600 prestan servicios médicos; 1,700 están en telecomunicaciones y 7,300 trabajan en el corporativo. Su nomina ha crecido en 5,700 personas en los últimos cinco años y los pagos por servicios personales se han duplicado desde 2004, mientras que produce casi la misma cantidad de petroquímicos; 4% menos petrolíferos y 25% menos petróleo. El sistema político mexicano no puede enfrentar el hecho notorio de que PEMEX no se volverá una empresa de clase mundial aplicándole medidas evolutivas. Su desmoronamiento es creciente y no se ha producido mejora apreciable en 20 años. Presidentes van y Presidentes vienen; cambian a sus Secretarios de Energía; sustituyen a los Directores Generales; modifican la estructura orgánica de la paraestatal y PEMEX es, hoy en día, una empresa fracasada, que absorbe cantidades crecientes de recursos fiscales.

El diagnóstico del sector energético presentado en 2008 atribuía el desempeño deficiente de PEMEX a una reglamentación excesiva: impuestos demasiado altos; demasiadas restricciones financieras; falta de autonomía de gestión y una estructura que se asemeja a una dependencia gubernamental y no a una empresa. La solución consistió en el cambio gradual instaurado desde arriba. Uno de los cambios fue la inclusión de consejeros supuestamente independientes en el Consejo de Administración –nombrados por ¡el Presidente de la República!- y la creación de tres Comités que habrían de diseñar e instaurar el cambio (Transparencia y Auditoria; Estrategia e Inversiones, y Remuneraciones).

Suponer que la corrupción y la ineficiencia que ascienden a miles de millones de dólares al año, pueden corregirse modificando el órgano de gobierno para que este reforme el marco institucional, fortalece la cultura burocrática que tanto ha impulsado a los “rent seekers” y a las relaciones clientelares sindicales. El problema no es ni el régimen fiscal, ni la falta de inversión, ni la autonomía de gestión. PEMEX es una empresa fallida, porque carece de los tres activos torales que definen a una empresa petrolera exitosa: excelencia tecnológica; cultura implacable de la eficiencia y manejo eficaz de los riesgos. La solución no puede ser evolutiva. Ni la eficacia ni la producción de PEMEX cambiaran de manera radical a menos de la paraestatal sea sometida a un tratamiento de choque. El atraso tecnológico de PEMEX –medido por el uso intensivo de empresas de servicios- le impedirá mejorar su producción de crudo durante la próxima década, a menos de que, de manera milagrosa, encuentre un nuevo “súper yacimiento”, como el de Cantarell.

Para leer más consulte la edición impresa.